Los términos que aparecen una y otra vez en las finanzas del fútbol, definidos con precisión y enlazados al análisis donde se explican a fondo.
23 términos
Forma societaria obligatoria para los clubes profesionales españoles desde 1990.
La Ley 10/1990 del Deporte obligó a los clubes profesionales a convertirse en sociedades anónimas deportivas, con capital social y accionistas. La idea era que alguien con patrimonio respondiera de las deudas. Solo cuatro clubes quedaron exentos por mantener patrimonio neto positivo en los cuatro ejercicios anteriores. España derogó la obligación en 2022, treinta y dos años después.
Miembro de un club asociativo, sin acciones y sin nada que vender.
En el modelo asociativo español el club no tiene capital social: los socios no poseen acciones, no pueden vender su condición y el patrimonio del club no es divisible entre ellos. Nadie puede comprar el club porque no hay nada que comprar. Eligen al presidente, pero presentarse exige requisitos que muy pocos cumplen.
Garantía bancaria que un candidato a presidente debe depositar.
En el Real Madrid, presentarse a la presidencia exige un aval bancario de 187 millones de euros respaldado con el patrimonio personal del candidato, además de veinte años de antigüedad como socio. No hay acciones que comprar; hay un aval que casi nadie puede firmar.
Vehículo inversor de un Estado, jurídicamente distinto del gobierno que lo financia.
Las normas de propiedad del fútbol miden el control, no el origen del dinero. Un fondo soberano es una persona jurídica separada del Estado, así que estructurando la gobernanza para que sea el fondo —y no el ministerio— quien nombre el consejo, la respuesta a «¿controla el Estado este club?» pasa a ser que no.
Un mismo propietario con participaciones en varios clubes.
Poseer varios clubes es legal y habitual. El artículo 5 de la UEFA solo se activa cuando dos clubes del mismo grupo llegan a la misma competición europea en la misma temporada. Es una norma de integridad de la competición disfrazada de norma de propiedad.
Criterio con el que la UEFA decide si alguien controla un club.
Una circular de mayo de 2024 fijó los indicios que el CFCB trata como prueba: participación superior al 30%, inversión financiera significativa, cargos en ambos clubes y patrones de traspasos entre clubes vinculados. El último es conductual, no jurídico: si el registro de accionistas no lo dice, se mira si los clubes se comportan como un solo negocio.
Tope en euros que LaLiga asigna a cada club, no un tope igual para todos.
LaLiga calcula un límite individual por club a partir de sus propios ingresos previstos. Cubre salarios, Seguridad Social, comisiones de agentes y amortización de traspasos. Lo decisivo es cuándo actúa: es *ex ante*, deniega la inscripción antes de que el jugador pueda jugar, en vez de sancionar después.
El régimen de equilibrio de la UEFA vigente entre 2011 y 2022, ya sustituido.
Exigía que, en tres años, los ingresos relevantes cubrieran los gastos relevantes, con una desviación aceptable de 30 millones de euros. Medía la *diferencia* entre ingresos y costes, no el gasto, así que un club con ingresos enormes podía sostener costes enormes. Se sustituyó en 2022, pero el nombre ha sobrevivido en el lenguaje corriente.
Límite de la UEFA: el coste de plantilla no puede superar el 70% de los ingresos.
Coste de plantilla son salarios de jugadores y primer entrenador, amortización y deterioro de traspasos y comisiones de agentes, divididos entre los ingresos del fútbol más el resultado neto por venta de jugadores. Llegó por rampa —90% en 2023/24, 80% en 2024/25— y está pleno desde 2025/26. Un ratio no se arregla con un cheque del dueño, porque un cheque no es ingreso futbolístico.
La descendiente del equilibrio: cuánta pérdida tolera la UEFA en tres años.
La desviación aceptable subió de 30 a 60 millones de euros en tres años, y hasta 90 millones para un club en buena salud financiera. Por sí sola es un aflojamiento; no va sola, porque el control de costes llegó a la vez.
El régimen de pérdidas de la Premier League, sin efecto desde 2026/27.
Permitía perder hasta 105 millones de libras en tres años con cobertura del propietario. Era una prueba de pérdidas y su única sanción relevante era restar puntos, sin instrumento intermedio: al Everton le restaron diez puntos, reducidos a seis, más otros dos; al Nottingham Forest, cuatro.
El sustituto del PSR: 85% de los ingresos, en vigor desde 2026/27.
Aprobado el 21 de noviembre de 2025 con exactamente catorce votos de veinte, el mínimo justo. Limita el gasto en plantilla al 85% de los ingresos futbolísticos más el resultado neto por venta de jugadores, y excluye al personal ajeno a la plantilla.
El 115%: a partir de ahí la Premier resta puntos en vez de cobrar una tasa.
Cada club parte con un margen plurianual del 30% sobre el 85%. Entre ambos límites no cumple, pero paga una tasa proporcional en lugar de perder puntos. Al cruzar el 115% empieza la sanción deportiva: seis puntos fijos más uno por cada 6,5 millones de libras de exceso, una aritmética calculable por adelantado.
Propuesta rechazada de atar el gasto máximo a lo que cobra el club más pobre.
Habría fijado el techo de cada club como múltiplo del reparto centralizado que recibe el que menos cobra: un tope duro para los grandes. Se votó el mismo día que el SCR y no salió. Era la única propuesta que habría comprimido la jerarquía en lugar de conservarla en proporción.
Reparto contable del coste de un fichaje a lo largo de su contrato.
Un traspaso no se imputa entero el año de la compra: se reparte entre los años de contrato. Por eso un canterano vendido es beneficio casi puro —su valor contable es cero— y por eso una plantilla puede valer mucho más de lo que dice el balance.
Garantía que convierte un préstamo en una opción de compra sobre el club.
Si el prestatario paga, el prestamista se lleva su rentabilidad; si no paga, se queda el club. Así se quedó Oaktree con el Inter el 22 de mayo de 2024, sin puja, sin subasta y sin precio negociado: venció un préstamo de 395 millones, no se pagó y se ejecutó la garantía.
El vendedor financia parte del precio que le paga el comprador.
Elliott concedió a RedBird unos 560 millones de euros al 8% para comprarle el Milan en 2022. Es habitual en capital riesgo, pero deja al vendedor con intereses en el activo vendido, lo que abrió la pregunta de quién controlaba realmente el club.
Contrato entre el club y una empresa relacionada con su propietario.
Un patrocinio comprado por una empresa vinculada a precio generoso sube los ingresos sin que salga un euro de coste. Por eso la UEFA y la Premier evalúan estas operaciones a *valor razonable*: ahí, y no en las normas de propiedad, es donde se regula de verdad la propiedad estatal.
Los 853 M€ de la Champions que se reparten por méritos pasados.
De los ~2.032 millones que la UEFA repartió en 2024/25, 853 se asignan según el coeficiente del club a diez y a cinco años y la cuota de mercado televisivo. Alrededor del 42% del bote no depende del equipo de este año, sino de lo que el club logró antes y de lo grande que es su mercado.
Puntuación acumulada por resultados europeos, que además reparte dinero.
No solo ordena sorteos: alimenta el pilar de valor. Un club con una década en Champions cobra más por coeficiente, lo que eleva sus ingresos, lo que eleva su gasto permitido bajo la regla del 70%, lo que eleva su probabilidad de volver a clasificarse. Es un bucle que se retroalimenta.
El órgano de la UEFA que aplica las normas financieras y de multipropiedad.
Resuelve sobre licencias, sanciona incumplimientos y acepta acuerdos de conciliación. El 30 de junio de 2026 cerró el control de 2025/26 sancionando a catorce clubes, nueve de ellos por superar el 70%.
La instancia arbitral donde acaban los recursos contra la UEFA.
El 11 de agosto de 2025 desestimó el recurso del Crystal Palace por multipropiedad: había ganado la FA Cup pero fue relegado a la Conference League. También confirmó las exclusiones del Drogheda United y del FC DAC 1904.
Aparcar las acciones en un tercero independiente para cumplir el artículo 5.
En 2024/25 las acciones del Girona y del Niza se transfirieron a un fideicomisario independiente supervisado por el CFCB hasta el 1 de julio de 2025. Es un mecanismo de cumplimiento, no una solución: suspende una facultad formal el tiempo que la norma exige.